El pasado martes 28 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer 109 fideicomisos “sin estructura”. La intención, es que esos recursos vuelvan a la Tesorería de la Federación y se reasignen a la atención de la pandemia de COVID-19.

Para que esto se convierta en realidad todavía debe ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados este martes y posteriormente por el Senado. Pero si esto pasa y se aprueba la extinción de los 109 fideicomisos propuestos por Morena, se lograrían obtener 68 mil millones de pesos.

Pero ¿qué es un fideicomiso y para qué sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué pasará con los proyectos que son financiados de esta forma? 

De acuerdo con el Centro de Estudios en Finanzas Públicas “el fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio”. 

Es decir, un fideicomiso público es un fondo que obtiene y administra recursos públicos para cumplir un fin específico. Cada Fideicomiso tiene sus reglas, y el ejemplo más claro es el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), del que salen los recursos que se asignan para responder a emergencias como sismos o huracanes, explica Erika Mendoza Bergmans, abogada por la Escuela Libre de Derecho.

Fundar explica que “el Estado mexicano comenzó a utilizarlos para responder a necesidades y demandas sociales, así como impulsar el desarrollo económico del país”.

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“El fideicomiso da mucha seguridad para cumplir el fin”, dice Erika Mendoza, explica que en fideicomisos públicos, el fideicomitente (quien da los recursos) va a ser alguien de la administración pública federal, generalmente la Secretaria de Hacienda. Hay algunos que tienen estructura orgánica, es decir hay un personal o empleados que trabajan para esto y en este caso son fideicomisos que se consideran entidades paraestatales. Los que no tienen estructura toman decisiones de acuerdo con un comité técnico específico. Estos son los que el gobierno busca extinguir.

Todos los fideicomisos (sean públicos o privados) que manejan recursos públicos son auditables y se rigen bajo los principios aplicables de transparencia y rendición de cuentas porque son recursos públicos. 

El 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente López Obrador que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 740 mil millones de pesos.

Poco más de un mes después, la diputada Dolores Padierna de Morena presentó una propuesta para extinguir los fideicomisos creados por ley y que no fueron incluidos en el decreto presidencial. 

Erika Mendoza explica que esto no puede entenderse de forma separada, pues si en un principio el presidente no extinguió todos los fideicomisos por decreto, fue porque sus atribuciones no le permiten reformar leyes por decreto. 

Para lograr extinguir estos 109 fideicomisos primero se tenían que reformar y derogar diversas disposiciones en al menos 16 leyes como la Ley General de Víctimas o la de Ciencia y Tecnología, según señala la misma iniciativa. 

La discusión inicial incluía extinguir 44 fideicomisos y 4 fondos, después la propuesta se amplió a 55. Con ello el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, según argumentó Padierna. 

Pero ahora, en la lista hay 109 fideicomisos que quieren desaparecer. Entre ellos se encuentran 65 fondos administrados por el el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología; 26 fondos de centros de investigación como el asignado al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). 

Así como el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE); Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos; Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; Fondo para el Cambio Climático; Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, entre otros.

Erika Mendoza explica que de aprobarse esta iniciativa con los transitorios que actualmente incluye, esto haría posible la reorientación de recursos públicos para proyectos prioritarios, y que se descuiden las materias a donde iban destinados estos fondos. Además, aumentaría la discrecionalidad,  eso significa que esos recursos se pueden aplicar a otros destinos.

Erika Mendoza destaca que todos estos fideicomisos que se quieren eliminar tienen un patrimonio afecto al fideicomiso. Es decir, todos cuentan con recursos que administran. “Esa es la preocupación de todo esto porque ese dinero ya estaba destinado a un fin. Si ahorita los extingues vas a descuidar esas obligaciones”. 

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“Algunos de estos fideicomisos nos dan cierto grado de seguridad a todos como mexicanos, por ejemplo, el fondo para desastres naturales, con su existencia sabemos cuánto dinero hay en el fondo por sí el día de mañana hay una emergencia, sabemos que ese dinero está guardado y destinado para ese fin. Y eso nos da tranquilidad.” 

El dinero de estos fideicomisos que se planea transferir a la Secretaría de Hacienda, al momento de su extinción, se podrá en algunos casos reorientar, por ejemplo al Tren Maya o en cualquier proyecto del gobierno federal, como el aeropuerto, u otros, explica Mendoza.

“Como ya no habría dinero para cubrirlas, los fondos tendrían que salir de las dependencias correspondientes, por ejemplo directamente del presupuesto otorgado a Conacyt. Pero en realidad no hay dinero que les alcance”, señala. 

“Es muy difícil defender todos los fideicomisos públicos, porque efectivamente debe haber muchos que no funcionen, pero no puedes generalizar. Cada fideicomiso es un fin en sí mismo y cada uno tiene su propio objetivo. Es muy difícil decir si está bien o está mal la extinción de los fideicomisos públicos de forma general porque hay unos que sí deberían ser revaluados. Pero cada uno necesitaría su propio análisis” señala. 

Para Erika Mendoza, lo que llama la atención de la exposición de motivos de la iniciativa, es que “primero habla de la crisis económica por COVID-19, para justificar llevarse el dinero de los fideicomisos a la Secretaría de Hacienda, y después aducen motivos abismalmente diversos para pretender justificar la extinción.”

Es decir, en la misma iniciativa también hablan de que los fideicomisos supuestamente tienen falta de transparencia. “Pero en ese caso lo que tendría que hacer no es extinguir el fideicomiso, sino cambiar los mecanismos de rendición de cuentas”, comenta.

La especialista enfatiza que de hecho, en el artículo sexto de la Constitución mexicana, se especifica que todos los fideicomisos que emplean recursos públicos están sujetos a todas las normas de rendición de cuentas y transparencia. 

“Hay problema metodológico conceptual en esta iniciativa, yo lo primero que diría es vamos a ponernos a discutir seriamente por qué o para qué se están extinguiendo estos fideicomisos, ¿por la pandemia, o por falta de transparencia?”, cuestiona Erika Mendoza, quien señala que si la razón es la supuesta opacidad o falta de rendición de cuentas entonces la extinción no es la solución.

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