Cecilia Dimas tiene que tomar todos los días un microbús y metro para ir y venir a su trabajo, pero algo tan cotidiano implica para ella dificultades que no tiene la mayoría de la gente: es de talla pequeña y el transporte público en México no está adaptado para las personas con discapacidad, a pesar de existir un Fondo presupuestario especial para eso.

Ella, para empezar, le hace la parada al microbús en un tope, para de ahí apoyarse y poder subir, porque los escalones de este transporte le quedan demasiado altos. Después, si los tubos y pasamanos son muy gruesos, le cuesta trabajo agarrarse bien porque sus manos son de dedos muy cortos. Luego se cambia al metro para llegar a su destino final. Al subirse, busca los primeros vagones reservados para mujeres, pero si lo usa en hora pico, sabe que tendrá que sufrir ir sofocada por debajo de la altura del resto de usuarios.

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Cecilia trabaja haciendo labores de limpieza en un hospital de Iztapalapa, alcaldía en la que también vive, y está acostumbrada a viajar en transporte público, pues desde los 22 años es independiente y en su familia siempre la impulsaron a valerse por sí misma.

Este martes dio voz a las muchas dificultades que viven las personas con alguna discapacidad durante la presentación de una plataforma para denunciar la falta de inclusión en el transporte público y el mal uso del dinero destinado a eso Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis), presentada por el colectivo #MovilidadSinLímite.

Un día, contó Cecilia, le pidió a alguien que le cediera el asiento reservado y primero no quiso, argumentando que era para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con bastón, como muestran los dibujos. Ella le enseñó su credencial de persona con discapacidad y el resto de pasajeros criticaron a quien iba sentado, hasta que finalmente accedió.

“El transporte no está adecuado a mí ni a las personas con discapacidad. No tenemos una inclusión: el pasamanos, el asiento reservado, los escalones son muy altos, no hay rampas, y la verdad es una vivencia injusta”, reclamó.

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Pero esto no debería ser así. Desde 2011, existe en México el Fotradis, y desde entonces se le han destinado 4 mil 450 millones de pesos. Sin embargo, las ONG agrupadas en el colectivo denunciaron que el dinero se ha utilizado con otros fines, como invertirlo en infraestructura física, o en transporte que tiene un objetivo asistencial, como trasladar personas a sus rehabilitaciones, en lugar de fomentar una vida cotidiana con normalidad.

En 2017, hubo presupuesto que se entregó al Club Rotario de Baja California para adaptar sus instalaciones. En 2016, en Nayarit, supuestamente se invirtió en una playa pública y 16 parques, pero no existieron.

El colectivo denunció como uno de los principales problemas la poca claridad en los criterios para distribuir el presupuesto entre las 32 entidades. Según su cálculo, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Guanajuato han recibido más de 50 millones de pesos que les hubieran correspondido por la cantidad de personas con discapacidad que viven en ellos. En cambio, a Durango y Zacatecas les han llegado 110 y millones más de lo que les correspondía.

Apenas este año se estableció en los lineamientos de operación que se reparta proporcionalmente, pero de los años pasados no hay información.

La activista y periodista Katia D’Artigues, de la organización Yo También, subrayó que aunque oficialmente en México hay 7.4 millones de personas con discapacidad, hay que pensar que no solo ellas viven esa condición, sino sus familias, por lo que si se multiplica, se podría hablar de 28 millones de mexicanos que viven con la discapacidad en casa y necesitan medidas para mejorar su calidad de vida.

Otra de las principales deficiencias está en la falta de transparencia. Los lineamientos que regulan este Fondo establecen que los estados deben publicar en internet los proyectos a los que lo destinan, metas, proveedores y avances. Sin embargo, #MovilidadSinLímite encontró que o no existen portales web donde se dé la información, o está incompleta.

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Por ello, Gloria Pérez, de la Red Nayarita de Personas con Discapacidad, inició una investigación mediante solicitudes de información y un rastreo minucioso de qué había pasado con los proyectos que se habían inscrito para obtener recursos del Fotradis, y que en muchos casos no se llevaron a cabo.

En alianza con la organización Nosxtros, crearon un mapa interactivo para hacer visual toda esa información, en la página movilidadsinlimite.org.

Ahí no solo se pueden ver esos datos, sino que el colectivo anunció que será una plataforma abierta al público para que las personas puedan contar su historia de las dificultades que, como Celia, viven día a día en sus traslados sin un transporte público incluyente.

“Lo que está en juego no es el ejercicio efectivo de los recursos del Fotradis, sino la vulneración sistemática de derechos de personas con discapacidad en todo el país. Se trata de la dignidad de las personas, de asegurar un trato humano e incluyente, con recursos destinados para ese fin. Todas las autoridades comparten responsabilidad en la opacidad y mal uso de los recursos y hacemos un llamado a lo obvio: a cumplir la ley y acatar los propios lineamientos publicados por ellas”, señalaron las ONG en la presentación del informe.

Es tan alto el riesgo de contagio al reabrir las escuelas, que en muchos países de América Latina y otras partes del mundo, el sistema educativo tuvo que moverse de la noche a la mañana hacia las clases virtuales.

Pero en las zonas rurales más apartadas o los barrios vulnerables con poca conectividad, las clases online son prácticamente imposibles.

Es ahí, en medio de la emergencia, cuando los maestros reparten guías de trabajo puerta a puerta o dejan los deberes a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, hay zonas donde la covid-19 se ha propagado con tanta fuerza que ni siquiera los profesores pueden acercarse a las casas. Y como muchas familias que viven en el campo no tienen teléfono, se ha perdido el contacto.

“Hay niños que se quedaron sin aprender a leer ni escribir”, le dice a BBC Mundo Wilson León, profesor boliviano de primaria en Loman, Chuquisaca, una zona agrícola y ganadera con mínimo acceso a internet.

Una de las cosas que más le preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los estudiantes y la imposibilidad de llegar a ellos.

“Donde viven mis alumnos no hay señal de internet”, cuenta León, quien solía caminar durante horas para llevar material educativo casa por casa, algo que ya no puede hacer.

Primero porque en su distrito se han disparado los contagios. Y segundo, porque el gobierno de Bolivia anunció en agosto el cierre anticipado del año escolar, por la falta de condiciones para garantizar el acceso a la educación virtual.

Como resultado, los alumnos fueron promovidos automáticamente al curso siguiente, con un vacío de conocimiento que probablemente será difícil de recuperar.

En América Latina la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La conectividad debería ser un derecho humano“, argumenta Claudia Uribe, directora de Educación para América Latina de la organización, en diálogo con BBC Mundo.

Pero mientras eso no ocurra, la región está expuesta a “enfrentar una catástrofe generacional” en educación, advierte.

De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

Y si no están conectados, la posibilidad de que las familias con hijos sigan las clases, es bastante baja.

Estos son seis efectos que ha provocado la pandemia a nivel educacional:

El efecto más evidente del cierre de escuelas es la interrupción del aprendizaje. Aunque es un problema en todos los niveles educacionales, quienes más lo sufren son los pequeños que están iniciando el ciclo escolar y aquellos a punto de egresar.

Los más pequeños porque, si no adquieren las destrezas básicas como leer y escribir o sumar y restar, se enfrentan a un déficit esencial para avanzar hacia los cursos superiores.

Y los más grandes porque se hacen más difíciles sus perspectivas de ingreso a la educación superior o al mundo laboral.

Gran parte de las escuelas públicas en Latinoamérica reparten alimentación gratuita a los niños que no tienen los recursos económicos para financiar el desayuno y el almuerzo.

Ya sea que los niños se conecten virtualmente o que reciban guías de trabajo en papel, muchos padres no están preparados para responder preguntas y para asistir todo el proceso de enseñanza.

Durante la pandemia les ha caído esta gran responsabilidad que habitualmente se suma a las responsabilidades laborales.

En muchas zonas de la región no hay señal de internet y la posibilidad de que algún día llegue es bastante remota.

Hay países en África donde empresas como Google han invertido en planes piloto como el envío de señal a través de globos aerostáticos, pero son iniciativas muy complejas de replicar a una escala más masiva, como le explica a BBC Mundo Valtencir Mendes, especialista en programas de educación e innovación de la Unesco.

“Es difícil implementar esas alternativas porque el costo es muy alto”, apunta.

También hay casas donde sí tienen acceso a internet -a través de la compra de minutos de conexión- pero es un acceso limitado.

Hay padres que me dicen que tienen que elegir entre comprar minutos o comprar comida”, dice una profesora chilena que se enfrenta a este tipo de problemas trabajando en zonas vulnerables de Santiago.

Los expertos coinciden en que, si bien la brecha digital siempre ha existido, la pandemia ha puesto en evidencia las huellas que deja la desigualdad en el acceso tecnológico.

Aunque aún no hay cifras sobre el abandono escolar en Latinoamérica durante la pandemia, fuentes consultadas por BBC Mundo en escuelas y organizaciones que trabajan en barrios pobres o zonas alejadas, dicen que hay estudiantes que abandonaron las clases en los últimos meses a raíz de la pandemia.

“El mayor problema es que algunos de esos estudiantes no van a regresar”, dice Uribe, porque algunos se integran directamente al mercado laboral o las niñas se quedan en la casa ayudando a cuidar a los familiares que necesitan asistencia.

“Esta crisis ha afectado más a las niñas”, comenta Mendes, porque al permanecer en la casa quedan expuestas a situaciones de abusos o porque simplemente quedan relegadas a las labores del hogar.

La cara más dramática de esta situación es que han aumentado los embarazos prematuros y en algunos países, los matrimonios forzados.

“La mayoría de esas niñas no va a volver al sistema educativo”, agrega, y su vida cambiará para siempre.

Dado que el cierre de escuelas es una situación tan grave, han surgido algunas iniciativas de emergencia que tratan de mitigar en parte los efectos del cierre de las escuelas por parte de gobiernos, empresas o la propia comunidad.

En muchos países de la región, incluidos Brasil y México, los gobiernos centrales y locales han puesto en marcha programas de educación a través de la televisión y la radio, pensando precisamente en las familias sin acceso a internet.

Sin embargo, expertos como Mendes de la Unesco, aseguran que los estudios han demostrado que las clases por televisión son una buena opción si van acompañadas de material impreso, tutorías por teléfono, o algún tipo de seguimiento a los alumnos.

Si son clases por televisión sin ningún otro complemento, no generan buenos resultados.

“Los más efectivos son los modelos híbridos”, plantea Mendes, y cita como ejemplo el plan que se está implementando en Sao Paulo, Brasil, donde combinan clases por televisión, recursos online y contenidos en papel.

Las clases en Sao Paulo se interrumpieron a mediados de marzo con el cierre de 5.400 escuelas y en septiembre han comenzado a reabrir sus puertas solo algunos establecimientos.

“Creamos una aplicación para celulares, negociada con operadores telefónicos, para ofrecer internet gratuito a los estudiantes más pobres y transmitimos clases en dos canales de televisión”, le explica a BBC Mundo Rossieli Soares da Silva , secretario de Educación del estado de Sao Paulo.

Y en México, desde fines de agosto los estudiantes comenzaron a tener clases por televisión tras un acuerdo del gobierno con las televisoras para impartir contenidos a distancia, dado que solo el 56% de los hogares tiene acceso a internet, según cifras oficiales.

Las autoridades esperan producir 4.550 programas de televisión y 640 de radio en español y en lenguas indígenas.

Sin embargo, sindicatos de maestros han expresado reparos ante la iniciativa, argumentando que el aprendizaje no funciona con la observación de contenidos informativos, sino a través de la interacción con los alumnos.

Las alianzas entre empresas y gobiernos u organismos internacionales son uno de los caminos más utilizados para aumentar la conectividad. Este año, con la urgencia impuesta por la pandemia, surgieron nuevos proyectos o se expandieron aquellos que ya existían.

Por ejemplo, en Argentina, la empresa Telefónica hizo un acuerdo con el gobierno para dar acceso gratuito a sitios educativos de internet durante la pandemia a familias que no pueden pagar el servicio.

Y en Perú, la misma empresa junto a Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), crearon “Internet para Todos”, una firma que ofrece servicios a los operadores móviles locales para llegar a zonas remotas.

A escala más pequeña, hay organizaciones que reparten chips, celulares, paquetes con gigas y minutos de conexión, computadores y cualquier herramienta que ayude a mejorar el acceso a internet.

Y en las actuales circunstancias, en aquellas zonas donde las familias no tienen ninguna posibilidad de conectarse, hay organizaciones que reparten tinta para las impresoras en colegios, con el fin de que los padres lleven los deberes en papel a la casa.

También hay iniciativas para entrenar a los maestros en habilidades digitales básicas. Es el caso de Unicef y la empresa Tigo-Millicom que han entrenado a cerca de 130.000 docentes en Bolivia y Paraguay.

O lo que está haciendo Technovation Chile, con apoyo de la empresa telefónica Wom y otros fondos internacionales, al distribuir contenidos digitales -que también se pueden descargar e imprimir en papel- en colegios que entregan canastas de alimentos a sus alumnos.

Aunque existen iniciativas del sector público y privado, lo cierto es que Latinoamérica está lleno de lugares donde los niños quedaron completamente excluidos del sistema escolar.

Mientras sigue propagándose la covid-19, hay ocasiones en que la única alternativa es la ayuda de los vecinos.

Vecinos que se consiguen fotocopiadoras para compartir las lecciones, que hacen turnos para compartir los computadores o que se prestan internet.

Incluso hay personas que ayudan a los estudiantes desde su lugar de trabajo.

Eso hace Dalia Dávila, una mexicana de Tlalpan, que comparte el internet de su negocio, “Tortillerías La Abuela”, con los niños del barrio y les facilita un computador portátil, un celular y un televisor.

Para que no estuvieran sentados en el suelo, Dávila convirtió la cajuela de una camioneta en un lugar de aprendizaje. Y lo llamó “El rinconcito de la esperanza”.

Tanto éxito tuvo su iniciativa, que llegaron personas a ofrecer ayuda económica a través de un “apadrinamiento” a los niños y maestros voluntarios que refuerzan los contenidos que se transmiten por televisión.

“Me conseguí otros lugares cercanos a la tortillería donde los niños siguen aprendiendo”, le dice a BBC Mundo. Ahora tengo entre 50 y 60 niños que vienen a buscar ayuda.

“Estoy muy feliz“, dice emocionada. “Quisiera que todos los niños pudieran estudiar”.

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