AP.- Lo tenía casi todo listo. Por fin iba a reunirse con su esposo en Estados Unidos, al que hacía 20 años que no veía, y con su hija, de la que llevaba tres años separada.

Washington le había aprobado una solicitud enviada en 2016 para ingresar al país a través de un programa de refugiados. Sin embargo, el brote del coronavirus paralizó todo y la dejó estancada en su casa en El Salvador, recibiendo amenazas de muerte.

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“Como pasó lo de la pandemia, aquí me dejaron esperando”, expresó la salvadoreña de 55 años que pidió no ser identificada porque ha sido amenazada por pandillas varias veces. “Me da mucha tristeza. Quiero estar con mi familia”, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Santa Ana, a una hora en automóvil de la capital, San Salvador.

Ha pasado más de un año desde que un acuerdo judicial permitió que puedan venir a Estados Unidos familias centroamericanas que ya habían sido aprobadas antes de que el presidente Donald Trump cancelara un programa de refugiados. Sin embargo, la pandemia y un complicado proceso de solicitud han frenado la llegada. Sólo han arribado 338 personas, el 12% de las 2 mil 700 que ya están autorizadas, según datos del gobierno estadounidense.

Una vez en suelo estadounidense su situación es precaria: enfrentan una política migratoria restrictiva que incluye largas esperas para obtener permisos de trabajo y tienen padres protegidos temporalmente por un programa conocido como TPS, que podría desaparecer.

Es la realidad que enfrentan los migrantes que llegan a Estados Unidos en la era del presidente Trump, quien se ha enfocado en limitar el ingreso de extranjeros. Entre otras medidas, los migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo son devueltos a México y desde allí esperan su turno. Gran parte de los más de 60 mil afectados por esa norma son centroamericanos.

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“Esta administración lo deja muy claro cada día en todas sus medidas, su política de refugiados, su política fronteriza, sus protecciones de asilo y sus normas de deportación. Deja claro que no le importa la protección” de los inmigrantes, dijo Hans Van der Weerd, directivo del International Rescue Committee, una organización que ayuda a procesar las solicitudes del programa. “Sólo le interesa mantener a la gente alejada de este país”.

Trump ha expresado repetidamente que busca frenar un fuerte aumento de migrantes que llegan a la frontera y los casos que no ameritan asilo.

El programa de reunificación familiar -conocido como CAM por sus siglas en inglés- fue creado en 2014 por el entonces presidente Barack Obama para que padres en situación legal en Estados Unidos se reunieran con los hijos que dejaron en Centroamérica. Posteriormente fue ampliado para que también pudieran viajar los acompañantes de esos jóvenes, sin importar su edad.

Trump puso fin al programa en agosto de 2017, pero un grupo de familias peleó esa decisión en las cortes de California.

En mayo de
2019 ambas partes llegaron a un acuerdo que allanó el camino para la llegada de
inmigrantes que, como la mujer salvadoreña, tenían sus trámites aprobados
cuando Trump finalizó el programa pero no habían podido viajar. En su mayoría,
son personas que temen por su vida en su país.

La señora de El Salvador es dueña de una tienda que no se anima a vender por temor a no poder viajar. Su hija logró llegar a Estados Unidos a través de CAM en julio de 2017, justo antes de que Trump terminara el programa.

La mujer esperaba reunirse con su hija y su esposo en cuestión de semanas, pero no pudo: Trump cerró CAM y pasaron dos años hasta que se reabrió. En enero supo que su caso estaba nuevamente vigente. Lo único que le faltaba era repetir un examen médico que había vencido.

Hasta ahora no ha podido hacerlo porque las clínicas autorizadas por el gobierno estadounidense cerraron debido a la pandemia.

“No esperaba
esto”, dijo la mujer con voz entrecortada. “Me sentí muy frustrada, triste, yo
quiero estar allá”, aseguró tras explicar que ha sido extorsionada por
pandilleros y ladrones.

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