El programa piloto para afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las trabajadoras del hogar, sector históricamente relegado de las leyes y derechos laborales, arrancará este domingo 31 de marzo, pero bajo unas reglas de operación con una cláusula que permite suspenderlo si no es “financieramente viable”.

El IMSS publicó en el Diario Oficial las reglas de operación de su programa piloto que arrancará en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, en él detalla el mecanismo para que quien emplea a trabajadoras y trabajadores del hogar los inscriba y reciban con ello las prestaciones de cualquier otro empleado; sin embargo, también señala que el proyecto podría suspenderse si el Instituto determina que es financieramente “inviable”.

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Para Marcelina Bautista, la primera activista que emprendió una lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y fundadora del primer sindicato, la reserva de la viabilidad financiera tiene tintes discriminatorios, ya que deja sus derechos laborales a merced de los recursos financieros.

“Yo no puedo evaluar tanto hasta que no sea lanzado, pero si a propósito el IMSS está lanzando una prueba piloto y prioriza la recaudación, también es discriminación”, sentenció la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

Recordó que la sentencia de la Suprema Corte (SCJN) calificó como discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social, sin salvedades de viabilidad. “No hemos visto que la Corte haya dicho ‘pon una prueba y si no sirve, pues ni modo’, porque volvemos a hablar de discriminación, se vuelve a poner el dedo sobre nuestros derechos”.

Entrevistada durante un foro entre activistas e instituciones sobre Trabajo del Hogar, Bautista advirtió que el IMSS tendrá que ir encontrando las mejores formas de incorporar a las trabajadoras, y que, si el costo financiero representa un freno, deberá asumirlo y resolverlo, dado que las otras dos partes contribuyentes (empleadores y trabajadoras) ya asumieron la aportación que tendrán que hacer, aun cuando los salarios de ese sector son muy bajos.

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De acuerdo con el Perfil de Trabajadoras del Hogar presentado el 29 de marzo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ingreso promedio mensual de una persona trabajadora del hogar en México es de tres 3,295 pesos. En el caso de los cocineros, cuidadores y choferes, este pago aumenta a 4,150 pesos mensuales, en promedio.

En contraste, el IMSS asegura que la resolución de la Corte mandata que el proyecto sea viable económicamente para el Instituto, a fin de evitar que se preste a abusos de personas que simulen ser trabajadores del hogar.  “El IMSS mide financieramente a qué se enfrenta con este programa, tiene que hacerlo”, argumentó el Instituto en respuesta a los cuestionamientos sobre las reglas publicadas el viernes.

Otra de las limitantes de este proyecto es que la afiliación es optativa: la cuarta regla dicta, en su inciso 4.1, que los empleadores “podrán optar por afiliar a los trabajadores domésticos”. Esto se debe a que se trata de un programa piloto, coinciden el Instituto, las activistas y expertos internacionales, sin embargo, señalan también que para poder probar la eficiencia del proyecto se requiere que todos los patrones participen, aunque no estén obligados.

Marcelina Bautista indicó que un programa piloto no será suficiente para lograr que trabajadoras y empleadores se beneficien de ese derecho que históricamente se les ha negado. “Un programa piloto nos da la oportunidad de mirar hacia dónde se puede ir, pero si va en este tono, por supuesto que lo reprobamos. Esto de decir ‘si quieres hazlo’, no es la mejor manera de probar algo”, reiteró.

En su respuesta a este medio, el IMSS argumentó que no se puede obligar a un empleador a afiliar a su empleada o empleado del hogar, debido a que no hay un contrato, aunque esta es precisamente una de las exigencias de los defensores de derechos de estos trabajadores: que su trabajo sea reconocido formalmente con un contrato y prestaciones. “No te puedo obligar a ti a que lo hagas. No es como entrar a una empresa”, asegura el Instituto.

No obstante, la activista Marcela Azuela asegura que ha percibido un “interés genuino” del director general del IMSS, Germán Martínez, de que el proyecto prospere, ya que sería la política pública más importante del sexenio. “Porque significa tratar a la trabajadora por primera vez como trabajadora, y no como ‘alguien que ayuda’ o como ‘mi muchacha’. Yo creo que nos iremos topando con fallas, ya iremos viviendo la experiencia, es un piloto”, acotó.

La fundadora de la organización “Hogar, justo hogar” dijo que, más que las reglas, lo que preocupa a los activistas es que haya pocas afiliaciones y el IMSS lo interprete entonces como un proyecto inviable, porque la necesidad no era tanta. “A nosotros en particular, que nos dedicamos más a empleadores, nos da pánico su resistencia: hay mil pretextos para no inscribir a la trabajadora, el principal: que ella misma no quiere. Lo que me da miedo es que pasen los 18 meses, haya 20 personas inscritas y el IMSS diga que no fue financieramente viable”, puntualizó.

La OIT, por su parte, ve con buenos ojos el programa piloto, aunque aún sea perfectible, pues considera que todos los países que han incorporado a este sector a la seguridad social han llevado un largo proceso que incluye la prueba y error. Sin embargo, advierte que falta la concreción de dos pasos fundamentales para garantizar los derechos laborales de los 2.2 millones de trabajadoras del hogar: reformar la Ley Federal del Trabajo para que desde ahí estén incluidas, y ratificar el Convenio 189 firmado por México.

“Yo lo tomo por la buena fe, el proceso tiene que irse construyendo. Confío en la seriedad de las autoridades y en el compromiso de la secretaría del Trabajo de ratificar el Convenio”, dijo a Animal Político Gerardina González, directora de la oficina de la OIT para México y Cuba.

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Expertos, funcionarios y activistas se reunieron el viernes en un seminario sobre inclusión laboral y social de las trabajadoras del hogar en México, durante el cual la Organización Internacional del Trabajo presentó un perfil de estas personas, de sus empleadores y de este tipo de empleo.

De acuerdo con ese Perfil, en México hay dos millones 227 mil 225 trabajadores del hogar, de los cuales 94% (dos millones 111 mil 539) son mujeres. Entre ellas, casi la mitad (45%) tiene entre 25 y 44 años; 34% tiene entre 45 y 59; mientras que las menores de 25 y las mayores de 60 representan un 10% cada grupo.

El 40% concluyó solamente la educación primaria y 36% la secundaria, hasta 28% tiene origen indígena y exactamente la mitad se encuentra en pobreza o pobreza extrema, mientras otro 34% presenta vulnerabilidades y carencias.

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Este sector productivo representa 4% de la Población Económicamente Activa y 6% de la población asalariada. La gran mayoría (93.8%) de los hogares los contrata en la modalidad “de entrada por salida” y destina menos del 10% del ingreso total del hogar a pagar estos servicios: el ingreso promedio de una familia empleadora es de 39 mil 789 pesos, y el ingreso promedio de una trabajadora es de 3,294.

La jornada semanal promedio de estas personas, según el estudio de la OIT, es de 31 horas, y el 86% de ellas percibe menos de dos salarios mínimos como remuneración.

Destaca también que la mayoría de los hogares con trabajadoras se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde la mayoría de las empleadas viven en el Estado de México y la mayoría de los empleadores vive en la Ciudad de México. “Todos los días hay una migración del Edomex a CDMX para la faena diaria”, sintetizó Helmut Schwarzer, experto de la OIT en Protección Social.

En el mundo, concluye el Perfil, hay 67 millones de trabajadores del hogar, 18 millones de ellos en América Latina y el Caribe. El país latinoamericano que lidera en protección social para estas personas es Uruguay, con 66% de cobertura, mientras México cubre sólo a 0.9 por ciento.

El Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos ha sido ratificado por 27 países en el mundo, 16 de ellos en Latinoamérica. México no es uno de ellos, aunque lo firmó desde 2011.

A la par que avanza la carrera por encontrar una vacuna contra la covid-19, equipos de investigación y farmacéuticas en todo el mundo continúan buscando desesperadamente alternativas para lidiar con la enfermedad provocada por el coronavirus.

Y uno de los hallazgos que se perfila como prometedor es la terapia de anticuerpos monoclonales (mAbs), un tipo de fármaco que puede utilizarse tanto para prevenir la infección como para tratarla una vez que la enfermedad se ha desarrollado.

Cuando nuestro cuerpo detecta la presencia de un antígeno, en este caso el SARS-CoV-2, el sistema inmunitario produce anticuerpos, unas proteínas destinadas a neutralizar a ese antígeno en particular, con el objetivo de evitar que penetre en nuestras células, secuestre su mecanismo y se reproduzca.

Los anticuerpos monoclonales son copias sintéticas creadas en el laboratorio a partir de un clon de un anticuerpo específico, hallado en la sangre de una persona que se ha recuperado de la covid-19.

Es decir, los mAbs imitan a los anticuerpos que nuestro cuerpo produce de forma natural.

“A diferencia de una vacuna, que introduce una proteína o material genético en nuestro organismo para estimular al sistema inmune (para que genere anticuerpos), estos son anticuerpos que se le suministran al cuerpo para brindarle protección”, le explica a BBC Mundo Jens Lundgren, médico especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Copenhague y del hospital Rigshospitalet, en Dinamarca.

“Es lo que llamamos inmunidad pasiva”, añade el investigador, quien lidera uno de los ensayos sobre anticuerpos monoclonales de la farmacéutica Eli Lilly.

Desarrollados por primera vez como terapia en los años 70, se utilizan en la actualidad para tratar exitosamente una serie de enfermedades que abarcan desde el sida hasta numerosos tipos de cáncer.

Dese el inicio de la pandemia, son muchos los laboratorios -AstraZeneca, Regeneron, VirBiotechnology, Eli Lilly y Adimab, entre otros- que se han abocado a investigar anticuerpos monoclonales que resulten efectivos contra el coronavirus, y han hallado decenas que se muestran promisorios.

Desde una perspectiva terapéutica, le explica a BBC Mundo Gigi Gronvall, profesora especializada en inmunología del Centro Johns Hopkins de Seguridad Sanitaria en Estados Unidos, los anticuerpos monoclonales son relativamente similares a la terapia de plasma convaleciente, en la que el paciente recibe plasma de una persona recuperada, pero constituyen una forma “mucho más moderna y depurada”.

“Cuando le das plasma a alguien, le estás dando todos los anticuerpos que produjo esa persona. Unos pueden ser efectivos, pero otros no. Lo que contiene es un poco un misterio”, dice la profesora.

En cambio los anticuerpos monoclonales “están hechos a partir de la selección de aquellos que tienen la capacidad de neutralizar al virus”.

El proceso de aprobación de estos fármacos puede llegar a ser más rápido, añade Gronvall, dado que los entes reguladores están muy familiarizados con los mAbs ya se emplean para tratar numerosas enfermedades.

“Su mecanismo de acción está muy comprendido: sabemos que los anticuerpos se unen a cosas y por eso bloquean físicamente la entrada del virus a la célula”, explica.

“Para los reguladores, es fácil saber lo que ocurre con ellos, por eso pueden llegar a superar los obstáculos de las regulaciones antes que las vacunas”, afirma la académica.

Laura Walker, directora asociada de Adimbab, uno de los laboratorios que investiga anticuerpos monoclonales para la covid-19 y cuyos ensayos clínicos comenzarán en enero, confía más en la capacidad profiláctica de los anticuerpos monoclonales que en la terapéutica.

“En algunos casos han funcionado en el contexto del tratamiento. El ejemplo más reciente es el del ébola, donde los anticuerpos monoclonales demostraron reducir los índices de mortalidad en pacientes enfermos y también en casos de VIH, pero no sabemos si va a funcionar con el SARS-CoV-2”.

“No ha funcionado en casos de virus respiratorio sincitial (VSR), no ha demostrado un gran éxito con la influenza, ni tampoco en otros virus respiratorios”.

Aunque reconoce que en el caso de la covid-19, cuyo período de incubación es más largo en comparación por ejemplo con la gripe, puede haber una ventada de oportunidad más grande para la terapia.

De lo que no duda, sin embargo, es de los beneficios que puede ofrecer como método para prevenir la enfermedad, y considera incluso que los anticuerpos monoclonales pueden tener más ventajas que las vacunas.

Una vacuna, dice la experta, induce la producción de todo tipo de anticuerpos y solo una porción de ellos son neutralizantes.

“Al poder elegir anticuerpos, solo seleccionamos los más potentes. En nuestro caso, por ejemplo, hemos identificado anticuerpos muy raros. Y, uno en particular, es extremadamente potente no solo contra el SARS-CoV-2, que produce la covid-19, sino también contra varios otros virus de la familia de los SARS”, asegura.

“Estos son los tipos de anticuerpos que queremos producir a gran escala, no solo para darle inmunidad en esta pandemia a las personas que no responden bien a las vacunas, sino para futuras pandemias, ya que es muy probable que veamos más coronavirus en el futuro”.

La vacuna también puede inducir anticuerpos muy potentes, continúa Walker, pero estos “pueden no estar presentes en grandes cantidades”.

“Por esta razón, suministrar un único anticuerpo monoclonal pero con una alta potencia y en una dosis alta puede brindar una protección más elevada que una vacuna”, acota.

Otro punto débil de las vacunas en comparación con los mAbs, señalan Gronvall y Walker, es que no funcionan de la misma manera para todos los rasgos etarios.

“Son efectivas para la gente joven, pero a veces la gente mayor no genera una respuesta inmunitaria tan poderosa ante una vacuna. Lo hemos visto por ejemplo con la vacuna de la gripe”, dice.

Lo mismo ocurre en el caso de las personas inmunodeprimidas.

La inmunidad pasiva, en cambio, no tiene este problema.

Las dificultades son otras…

Por un lado, está el tiempo en que se mantendría la inmunidad de los anticuerpos monoclonales que, modificaciones de por medio, podría oscilar entre los cinco y seis meses.

No se sabe aún qué inmunidad otorgará una vacuna contra la covid-19, pero recordemos que, en la mayoría de las vacunas, una dosis alcanza para toda la vida, mientras que otras necesitan uno o dos refuerzos cada 10 años.

Sin embargo, el mayor problema es el acceso a este fármaco y el costo de producción, que supera con creces a los de una vacuna.

Según un reporte de Wellcome, una fundación de salud global e independiente que hizo un llamado para expandir el acceso a los anticuerpos monoclonales, “el 80% de los mAbs se venden en EE.UU., Europa y Canadá”.

“Solo el 20% de los mAbs se vende en el resto del mundo, que conforma el 85% de la población global. Pocos, si algunos, están disponibles en países de ingresos bajos y medios”, dice el informe publicado a mediados de agosto.

Estos tratamientos médicos se encuentran entre los más caros del mundo. Para darnos una idea, el precio promedio de un tratamiento con mAbs en EE.UU. oscila entre US$15.000 y US$200.000 al año.

Y, por último existe otro problema vinculado a su seguridad.

Si bien los anticuerpos son un arma de defensa, en algunos casos “actúan de forma opuesta, acrecentando la infección“, le dice Lundgren a BBC Mundo.

Es un complejo fenómeno conocido como amplificación de la infección dependiente de anticuerpos, en el que algunos anticuerpos en vez de prevenir la entrada del virus a la célula, la facilitan.

Por el momento, “no lo hemos visto con la covid-19, pero se ha visto con otras infecciones virales”, aclara el investigador.

Esto deberá ser evaluado minuciosamente en ensayos clínicos.

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