En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures. 

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

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Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros solución de sulfato de cobre acidulado al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora. 

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora. 

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”. 

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”. 

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”. 

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre. 

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar. 

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región. 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa. 

Después del derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos. 

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi. 

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”. 

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”. 

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”. 

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao. 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación. 

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures. 

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures. 

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”. 

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao. 

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

El test más común para diagnosticar el COVID-19 es tan sensible que podría estar detectando fragmentos del virus que ya están muertos, según algunos científicos.

Y es que la mayoría de personas solo permanecen infectadas alrededor de una semana. Sin embargo, el diagnóstico podría seguir dando positivo semanas después.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, este hecho podría estar sobreestimando la escala real y actual de la pandemia.

Pero por otro lado advierten que otro tipo de test, con menos sensibilidad, corre el riesgo de no detectar todos los casos.

El profesor Carl Heneghan, uno de los autores del estudio, afirma que en vez de arrojar un resultado positivo o negativo, las pruebas diagnósticas deberían tener un límite en el que pequeñas cantidades de virus no provoquen un positivo.

Según Heneghan, esta detección de virus muerto o viejo podría explicar cómo en varios de los países que se enfrentan a una segunda ola de infecciones las hospitalizaciones se mantienen estables.

El Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford analizó 25 estudios en que se colocaron muestras de pruebas positivas sobre una placa de petri para ver si el virus crecía.

Este método, conocido como “cultivo viral”, indica si el virus hallado en un diagnóstico positivo puede reproducirse y propagarse en un laboratorio o persona.

Según Nick Triggle, corresponsal de salud de la BBC, la sensibilidad de las pruebas diagnóstico es un problema que se conoce desde el comienzo y que ilustra por qué las estadísticas de la COVID-19 están lejos de ser perfectas.

La prueba más común de diagnóstico, la llamada PCR, utiliza químicos que amplifican el material genético del virus para que pueda estudiarse.

Una vez se toma la muestra, esta pasa por varios ciclos de laboratorio para recuperar la mayor cantidad de virus posible.

El número de ciclos necesarios puede indicar qué tanto virus queda, si son pequeños fragmentos o varias cantidades del virus completo.

Esta práctica parece revelar la probabilidad de infección del virus. Es decir, mientras más ciclos de amplificación sean necesarios, menos probabilidades de que el virus sea reproducible en el laboratorio.

Cuando uno se hace la prueba de coronavirus, se obtiene un “sí” o un “no”. Pero no hay un indicador de cuánto virus se detectó en la muestra y si se trata de una infección activa.

Una persona con mucha cantidad de virus activo y otra que solo tenga pequeños fragmentos restantes de una infección pasada dan el mismo resultado: positivo.

Sin embargo, Heneghan apunta que la “infectividad del coronavirus parece disminuir tras alrededor de una semana”.

Es decir, su capacidad para invadir un organismo y provocar una infección.

Añadió que, si bien no sería posible verificar todas las pruebas para detectar si el virus estaba activo o no, el número de falsos positivos podría reducirse si los científicos establecieran un punto de corte.

Esto podría prevenir que una persona dé positivo cuando en realidad solo se le ha detectado los restos de una infección ya pasada.

Para Heneghan, esto ahorraría cuarentenas individuales innecesarias y ofrecería una escala más adecuada de la pandemia.

La sanidad pública de Inglaterra coincidió en que los cultivos virales eran útiles a la hora de evaluar las pruebas de coronavirus y que estaban trabajando con laboratorios para reducir el número de falsos positivos.

Sin embargo, explican que establecer un punto de corte no es fácil porque se usan muchas pruebas con diferentes sensibilidad y formas de detección.

Pero el profesor Ben Neuman, de la Universidad de Reading, dijo que cultivar el virus de una muestra de un paciente “no es trivial”.

“Esta revisión corre el riesgo de correlacionar falsamente la dificultad de cultivar Sars-CoV-2 a partir de una muestra de un paciente con la probabilidad de que se propague”, dijo.

El profesor Francesco Venturelli, epidemiólogo italiano, destaca que no existe “certeza suficiente” sobre cuánto tiempo el virus permanece infeccioso mientras se recupera el paciente.

Algunos estudios basados en cultivos virales indican que alrededor del 10% de infectados permanece con virus vivo después de ocho días de infección.

“En Italia sobreestimamos el número de casos por varias semanas” a causa de pacientes positivos que se habían infectado varias semanas antes, dice Venturelli.

El test PCR es un método muy sensible a la hora de “detectar material genético residual del virus”, explica el profesor Peter Openshaw, del Colegio Imperial de Londres.

“No hay evidencia de la infectividad del virus, pero existe un consenso clínico de que es bastante improbable que un paciente sea infeccioso más allá del décimo día de la enfermedad“, agrega Openshaw.

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