Miguel Badillo/

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando exige de los funcionarios de la Cuarta Transformación que haya lealtad, pero se equivoca cuando dice que ésta debe ser “ciega”. Y se equivoca por la simple y sencilla razón de que no puede haber servidores públicos acríticos y “ciegos” ante evidencias de corrupción, deshonestidad y latrocinio como los que poco a poco empiezan a aflorar en algunos gobiernos emanados de Morena. Esa lealtad, insisto, no puede ser ciega porque sería tanto como caer en lo que el presidente ha venido criticando desde hace más de 40 años: que los funcionarios y los gobiernos se enriquezcan y falten a la confianza depositada en ellos por el pueblo.   

Y es que, al exigir que haya lealtad “ciega”, López Obrador prácticamente obliga a quienes sirven en su gobierno, y en los gobiernos emanados de Morena, a que pasen por alto no solo la normativa jurídica sino también los actos deshonestos; es claro, que la renuncia de Jaime Cárdenas a la titularidad del Instituto para Devolverle al pueblo lo robado, no gustó en Palacio Nacional ni en la cuarta transformación; sin embargo, el ahora ex funcionario hizo lo correcto al poner al descubierto que en ese organismo existen acciones ajenas a la legalidad que deben corregirse y denunciarse.

Porque un gobierno acrítico, insisto, está condenado a repetir los mismos vicios del pasado, pues los funcionarios –los honestos, claro- ante el temor de recibir una reprimenda e incluso un despido por denunciar hechos de corrupción, se verán obligados a pasar por alto cualquier irregularidad y corruptela amparados en que “primero es el proyecto”; lo que no contribuye en nada a combatir la deshonestidad, que ha sido la principal bandera del nuevo gobierno.  

Se requiere, por tanto, servidores públicos críticos, reflexivos, honestos hasta el tuétano y leales, sí, como lo dijo el presidente, a la población; que puedan ejercer su libertad de expresión para ayudar al proyecto de transformación que vive el país; porque los casos se acumulan más y más de funcionarios que renuncian, precisamente, por la falta de respaldo hacia su labor para purificar la vida pública del país, pues se topan con pared cuando pretenden combatir los vicios que durante décadas han prevalecido en todas las estructuras de gobierno por parte de funcionarios voraces y sin escrúpulos que ven el servicio público la única oportunidad que tienen para enriquecerse.  

Y eso aplica no sólo a los gobiernos emanados de Morena, sino a los gobiernos de todos los colores, pues es sabido que quien detenta el poder, rara vez acepta la crítica viniendo de sus propios funcionarios o de sus correligionarios; muchas veces, las autoridades desearían que no hubiera voces discordantes y que no se denunciaran los actos de corrupción; sin embargo, el caso de Jaime Cárdenas debe ser ilustrativo para los demás funcionarios que desean una transformación verdadera y no hipócrita; de allí, que su ejemplo debe cundir y los servidores públicos deben alzar la voz y hacer del conocimiento de las instancias de fiscalización y control, todo aquello que sea ajeno a la normatividad.   

Más de 30 millones de mexicanos votaron, precisamente, por ese cambio de actitud, para que quienes sirven en todos los gobiernos sean honestos y leales a la transparencia y la legalidad, y no para guardar silencio cómplice ante las corruptelas y porquerías de unos cuantos que no se han dado cuenta que este país ya cambió.

POSDATA:  

Para muestra, un botón: el Senador Ricardo Ahued Bardahuil ha mantenido su esencia honesta y sencilla en favor del pueblo. Su voz crítica y propositiva debe ser escuchada para guiar el rumbo de quienes sirven a la sociedad; se reconoce su valentía no de ahora, sino de siempre, para defender las causas sociales, enfrentando incluso a la autoridad, como ocurrió durante el sexenio del nefasto Javier Duarte de Ochoa y secuaces, donde Ahued se mantuvo firme en contra de los abusos y de la rampante corrupción que caracterizó a ese gobierno.

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